Un año judicial que termina con la prisión de Cristina Kirchner, récord de causas en la Corte y una mejora en la imagen de la Justicia

Tras el último acuerdo de ministros de la Corte de 2025, que se realizó este martes, se conoció el dato según el cual por primera vez desde la creación del máximo tribunal se batieron todos los récords de sentencias y resoluciones de causas. Así este año se pronunció sobre 15.700 sentencias y 28.900 causas, informaron a Clarín fuentes judiciales.

“Es claro que las cifras hablan de la excesiva judicialización de los conflictos y de la cantidad de expedientes que llegan a la última instancia. Pero también indica que, a pesar de los sondeos que hablan de la baja imagen del Poder Judicial de los últimos años, la sociedad va a tribunales para resolver casi todas sus controversias”, agregaron las fuentes.

Y destacaron que “aunque parezca más invisible, estos datos también hablan de un poder del Estado que supo modernizarse, transformando procesos internos, para intentar dar la respuesta que la ciudadanía demanda”.

El año judicial termina también con un hito histórico: la confirmación de una condena por corrupción a un ex presidente y el cumplimiento de la sentencia. Carlos Menem había estado con prisión preventiva 6 meses pero nunca llegó su condena por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a confirmarse. En cambio, Cristina Kirchner está cumpliendo una condena a 6 años por la causa Vialidad.

Estas estadísticas coinciden con el relevamiento que indicó que, durante el segundo semestre 2025, la confianza de la sociedad argentina en la Justicia se incrementó 2,3 puntos respecto del 1er semestre 2025 y representa un 10,3 por ciento en dos años. El estudio también señala que, de los tres organismos del sistema de Justicia que recogieron la mayor confianza ciudadana, la Corte se ubicó en el primer lugar.

“La mejora de la confianza ciudadana en la Justicia argentina se consolida de la mano de una mejora en ambos subíndices. Las personas afirman con mayor intensidad que recurrirían a la Justicia ante conflictos determinados, al tiempo que evidencian mayor confianza en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y en su rol de contralor de los poderes político y económico. Desde que se retomó la medición del ICJ en 2023, la confianza ciudadana en la Justicia argentina aumentó casi 5 puntos, lo que equivale a una mejora del 10,3%”, señaló el informe.

El estudio reveló que “los sectores que motorizaron gran parte de esta mejora son los jóvenes, las personas con estudios terciarios/universitarios y los habitantes de la CABA, quienes en mayor medida reconocieron que recurrirían a la Justicia frente a conflictos de tipo patrimonial, familiar, laboral y delictual”. También se precisó que “el mayor nivel de confianza en la Justicia se registra frente a conflictos delictuales (83%), mientras el menor nivel se observa ante conflictos familiares (72%)”.

“Si bien la confianza en la Justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y de su rol de contralor de los poderes político y económico, en ningún caso superó el 20%, la percepción de la ciudadanía viene mejorando sostenidamente”, detalla el relevamiento. “Los tres organismos del sistema de Justicia que recogieron la mayor confianza ciudadana en este 2do semestre 2025 son: 1) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2) las Facultades de Derecho y 3) los/as Abogados/as”, se señaló.

La preocupación de los abogados

Por su parte, El Colegio Público de la Abogacía porteño junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una encuesta a más de dos mil abogados matriculados en la ciudad de Buenos Aires, sobre el funcionamiento del Poder Judicial que demostró que los letrados están preocupados por los largos tiempos procesales, en una justicia nacional y federal que tienen más de un tercio de cargos vacantes..

El presidente del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, destacó que “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”.

Más del 40 por ciento de los matriculados encuestados considera que los montos se fijan por debajo, percepción que se repitió en los distintos fueros.

El ex camarista que juzgó a los comandantes de la dictadura recalcó que “La justicia es muy importante en una democracia constitucional, los poderes políticos tienen que entenderlo, y trabajar junto a jueces, juezas, abogados y abogadas en el fortalecimiento de su adecuado funcionamiento”.

Por su parte, la codirectora de ACIJ, Celeste Fernández agregó que “la voz de abogadas y abogados es clave para repensar nuestro sistema de justicia: sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos y las áreas de mejora que deben considerarse prioritarias”. “El Poder Judicial solo podrá cumplir su misión si se dispone a escucharlas”, sentenció.

Se trabajó sobre cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales. También se incluyeron dos preguntas de carácter general sobre la satisfacción con el sistema de justicia y sobre los niveles de independencia de jueces y juezas.

Un foco importante de críticas se situó en los tiempos procesales, un 75 por ciento de los abogados y abogadas encuestados calificó los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos”, atribuyendo las demoras a la falta de eficiencia del personal judicial y a deficiencias organizativas dentro de los juzgados. Al respecto, Gil Lavedra indicó que “hay soluciones técnicas para eso, sin perjuicio de la increíble omisión del Ejecutivo respecto del 40 por ciento de las vacantes, que impide que el sistema funcione”.